En estos días, en medio de las discusiones en redes, he leído muchas voces enfrentadas sobre las instituciones: unos aseguran que fueron los gobiernos anteriores los que las corrompieron; otros, que es el actual quien las está destruyendo. Pero más allá de esa disputa —que parece no tener fin— hay un punto que deberíamos mirar con más profundidad.
El actual gobierno no solo ha atacado instituciones específicas, sino que ahora busca algo mayor: cuarenta votos, con los que les resultaría más fácil, eventualmente, apoderarse de la mamá de todas las instituciones, la Constitución misma, si así lo quisieran.
Y eso ya no es una discusión sobre partidos o ideologías: es una advertencia sobre el alma del país.
Porque si lloramos por las instituciones tomadas, lloremos sangre por quienes piden el poder absoluto para reescribir las reglas del juego. No hay gobierno bueno ni malo que merezca tanto poder. La historia —la nuestra y la del mundo— lo ha demostrado demasiadas veces: quien concentra poder, inevitablemente, lo abusa.
Las instituciones pueden enfermar, sí, y deben curarse. Pero destruirlas no es sanarlas, es aniquilar los límites que protegen al ciudadano del gobernante. Por eso, antes de seguir peleando entre “los de antes” y “los de ahora”, conviene detenerse un segundo y pensar: ¿queremos un país donde el poder sea vigilado o uno donde el poder vigile a todos?
Solo piénsenlo.