A partir de la convocatoria electoral, las instituciones públicas tienen prohibido difundir en sus plataformas digitales conferencias de prensa, actividades institucionales, inauguraciones, avances de obras públicas o cualquier otra acción que pueda considerarse promoción del gobierno en turno.
Pueden realizar conferencias o atender a la prensa, sí, pero no retransmitirlas ni difundirlas en medios institucionales digitales durante el periodo electoral. El propósito es claro: proteger la equidad de la contienda, evitar que el poder se incline hacia uno de los partidos en competencia y garantizar que el voto ciudadano no se vea influido por el aparato estatal.
El Tribunal Supremo de Elecciones ha advertido en reiteradas ocasiones que las acciones de comunicación institucional, si no se manejan con cuidado, pueden rozar la beligerancia política, lo cual podría acarrear sanciones o inhabilitaciones a los funcionarios involucrados.
Aun así, hoy 15 de octubre, se transmitió una conferencia de prensa desde Casa Presidencial a través de plataformas no institucionales, pero claramente vinculadas al entorno político del gobierno. Fue una jugada polémica: legalmente discutible, éticamente reprobable y simbólicamente peligrosa.
Más que un acto de comunicación, pareció un desafío.
La estrategia —si así se le puede llamar— consistió en burlar la restricción formal mediante la transmisión desde redes personales. Pero cuando se gobierna, no se representa solo a un grupo ni a un movimiento: se representa al país entero.
Y si una norma existe para preservar la imparcialidad, buscarle portillos no es ingenio político, es una falta de respeto al espíritu de la ley.
En la conferencia, además, se utilizaron tonos y expresiones que difícilmente pueden asociarse con la sobriedad que merece el cargo presidencial. Se hicieron alusiones críticas a instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, órganos que sostienen la columna vertebral del Estado costarricense.
La independencia de los poderes no es un detalle decorativo: es lo que evita que la democracia se deslice hacia el autoritarismo.
Cuestionar está bien; deslegitimar, no.
Lo más preocupante no es la conferencia en sí, sino lo que representa: un gesto simbólico que erosiona la confianza en las reglas, en las instituciones y en los límites del poder. Porque cuando el respeto se convierte en un juego de palabras, la institucionalidad empieza a temblar.
No se gobierna buscando portillos en la ley, sino fortaleciendo el respeto hacia ella.
Y la verdadera libertad de expresión no consiste en decir lo que uno quiera, sino en hacerlo sin pisotear la Constitución que lo permite.
En Costa Rica hemos sobrevivido muchas tormentas políticas. Lo hemos hecho gracias a una base sólida: la decencia de las formas, el respeto entre poderes, la fe en la palabra escrita de la ley.
Cuidemos eso.
Porque cuando el poder se acostumbra a probar los límites, termina creyendo que ya no existen.