Circula un comentario —según se dice— sobre un periodista cuestionado que, ante la posibilidad de enfrentar una causa legal, podría buscar un puesto en el gobierno que le otorgue inmunidad. No afirmo que eso vaya a ocurrir, pero el solo hecho de que se plantee como opción ya abre una conversación que vale la pena tener.
Estoy de acuerdo con la inmunidad en ciertos cargos públicos. Tiene una razón de ser. Permite que quienes ocupan funciones sensibles puedan ejercerlas con independencia, sin la presión constante de acusaciones que podrían ser utilizadas como herramienta de bloqueo o persecución. En ese sentido, la inmunidad protege la función, no a la persona.
Pero ahí está el punto clave. La inmunidad debería cubrir únicamente los actos relacionados con el ejercicio del cargo que la otorga. No debería convertirse en un refugio para situaciones previas, ni en una especie de escudo que se activa para evadir responsabilidades personales. Porque cuando eso ocurre, lo que se distorsiona no es solo la figura jurídica… es la confianza en el sistema.
Desde mi punto de vista, permitir que alguien utilice un puesto público para protegerse de cuestionamientos anteriores sería un uso indebido de la institucionalidad. No estoy diciendo que este sea el caso, pero sí creo que como sociedad deberíamos tener claridad sobre ese límite. Una cosa es proteger el ejercicio de una función pública, y otra muy distinta es utilizar esa función como protección personal.
Lo mismo aplica para cualquier otro cargo, incluso para el Presidente. Puede gozar de inmunidad mientras ejerce, como corresponde dentro del diseño institucional. Pero si al salir decide aspirar a un nuevo puesto, lo razonable sería que primero responda por cualquier situación pendiente que no esté relacionada con el ejercicio de ese nuevo cargo.
Porque al final, la inmunidad no puede convertirse en un escondite. Debe ser una herramienta para garantizar el buen funcionamiento del Estado, no un mecanismo para evitar rendir cuentas. Y cuando esa línea se cruza, lo que empieza a debilitarse no es solo una figura legal… es la credibilidad de todo el sistema.