Sé que muchos costarricenses se están haciendo la misma pregunta: ¿por qué el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa están haciendo esto contra el presidente Chaves justo ahora?
La respuesta, aunque parezca sencilla, casi nunca se explica bien.
Te lo cuento con claridad:
Varias personas —no una, varias— han presentado denuncias contra el presidente por presunta beligerancia política. Cuando eso ocurre, el TSE no puede simplemente guardar el expediente en una gaveta y decidir cuándo revisarlo. El Tribunal tiene tiempos máximos establecidos por ley para procesar esas denuncias, analizarlas y, si corresponde, trasladar el caso a la Asamblea Legislativa.
No es un antojo. No es una conspiración. No es una estrategia electoral. Es procedimiento.
Cuando el TSE termina su trabajo, le remite el caso a la Asamblea. Y ahí vuelve a pasar lo mismo: la Asamblea tampoco puede esperar a que “pase la elección”, ni puede hacerse la desentendida. También tiene tiempos máximos para conformar una comisión, llamar al presidente y procesar lo recibido.
No es un tema de ideología, ni de simpatía, ni de enemistad política. Es simplemente lo que dice el ordenamiento jurídico. Y en un Estado de Derecho, los procedimientos no se mueven al ritmo de las emociones electorales, sino al ritmo de la ley.
Con esto no estoy diciendo que el presidente sea culpable o inocente. Eso le toca determinarlo a la institucionalidad, no a mí. Lo que sí quiero aclarar es por qué todo esto ocurre en este momento y de esta manera: porque así lo establecen los procedimientos.
Ni antes ni después. Ni por cálculo político. Ni por presión externa. Simplemente porque, en Costa Rica, la ley y los plazos también gobiernan.