Cada cierto tiempo vuelve a aparecer la misma indignación. Basta con que llegue el mes de agosto para que las redes sociales se llenen de comentarios diciendo que los diputados apenas tienen dos meses de haber asumido sus cargos y ya se fueron de vacaciones. A simple vista, la molestia parece totalmente razonable. Cualquier trabajador que acaba de iniciar un empleo pensaría que sería impensable pedir vacaciones tan pronto. Y si además hablamos de funcionarios públicos elegidos por voto popular, la sensación de injusticia parece todavía mayor. Sin embargo, la realidad es muy distinta de lo que la mayoría imagina. Lo que ocurre en agosto no es que los diputados reciban vacaciones, sino que la Asamblea Legislativa entra en un período diferente de funcionamiento, establecido desde hace más de setenta años por nuestra Constitución Política. El problema es que pocas personas conocen cómo funciona ese sistema, y cuando no conocemos las reglas es muy fácil llegar a conclusiones equivocadas.
La Asamblea Legislativa trabaja durante todo el año, pero no siempre bajo las mismas reglas. La Constitución dividió el calendario legislativo en dos tipos de sesiones: las ordinarias y las extraordinarias. Durante las sesiones ordinarias, que comprenden los meses de mayo a julio y de noviembre a enero, son los propios diputados quienes tienen el control de la agenda del plenario. En otras palabras, son ellos quienes deciden cuáles proyectos de ley se discuten, cuáles avanzan y cuáles permanecen esperando turno. Es el período en que el Poder Legislativo ejerce plenamente esa facultad, impulsando tanto proyectos del Gobierno como iniciativas nacidas dentro de la propia Asamblea.
Cuando llegan las sesiones extraordinarias, que abarcan los meses de agosto a octubre y de febrero a abril, muchas personas creen que la Asamblea prácticamente cierra sus puertas. Pero eso no sucede. Los diputados siguen trabajando exactamente igual. Continúan reuniéndose en comisiones, analizan proyectos, reciben audiencias, atienden ciudadanos, realizan control político, presentan nuevas iniciativas, negocian acuerdos y cumplen todas las funciones propias de su cargo. Lo único que cambia es quién decide qué proyectos llegan al plenario para ser discutidos. Durante esos seis meses esa decisión deja de estar en manos de la Asamblea y pasa al Poder Ejecutivo. Es decir, el Gobierno puede convocar los proyectos que considera prioritarios para su administración, retirar otros temporalmente o modificar el orden en que serán conocidos. El trabajo legislativo continúa; simplemente cambia quién sostiene el timón de la agenda.
¿Por qué se creó un sistema así? Para responder esa pregunta hay que viajar hasta 1949. Costa Rica acababa de salir de una guerra civil y el país necesitaba construir instituciones fuertes que evitaran la concentración del poder. Quienes redactaron la Constitución entendieron que una democracia sana debía impedir que un solo poder dominara completamente a los demás. No querían un Presidente que pudiera controlar permanentemente al Congreso, pero tampoco deseaban una Asamblea Legislativa que pudiera bloquear indefinidamente cualquier iniciativa del Gobierno. Buscaron un punto de equilibrio. Así nació este mecanismo mediante el cual, durante una parte del año, la agenda pertenece principalmente a la Asamblea Legislativa y, durante la otra mitad, el Poder Ejecutivo puede impulsar las leyes que considera necesarias para ejecutar el programa para el cual fue elegido por la ciudadanía.
En teoría, la idea tiene bastante lógica. Si ambos poderes saben que en algún momento del año dependerán uno del otro, estarán obligados a dialogar, negociar y construir acuerdos. El sistema pretende que ninguno tenga el control absoluto durante todo el período presidencial. Es un mecanismo de pesos y contrapesos que intenta proteger la democracia evitando excesos de cualquiera de las partes. Vista desde esa perspectiva, la división entre sesiones ordinarias y extraordinarias no nació para beneficiar a los diputados ni al Gobierno, sino para fortalecer el equilibrio institucional del país.
Sin embargo, Costa Rica de 1949 y Costa Rica de hoy son dos realidades completamente distintas. En aquella época el escenario político era mucho más estable y era relativamente frecuente que los gobiernos contaran con un respaldo legislativo importante. Hoy vivimos una realidad muy diferente. La Asamblea Legislativa está integrada por numerosos partidos políticos, ninguno suele tener mayoría suficiente para aprobar proyectos por sí solo y prácticamente todas las iniciativas requieren largas negociaciones y acuerdos entre distintas fracciones. Eso ha hecho que un sistema pensado para facilitar el equilibrio termine siendo, en muchas ocasiones, una herramienta que permite bloquear al otro poder. Durante las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo puede dejar fuera de discusión proyectos que no le interesan, mientras que durante las sesiones ordinarias la Asamblea puede hacer exactamente lo mismo con las iniciativas del Gobierno. Como resultado, muchos proyectos importantes pasan meses esperando simplemente porque quien controla la agenda decide no convocarlos.
Por esa razón, desde hace varios años algunos juristas y especialistas en Derecho Constitucional han planteado la posibilidad de revisar este modelo. Hay quienes consideran que sería más conveniente establecer un sistema moderno en el que la agenda legislativa sea compartida durante todo el año, con reglas claras para que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo puedan impulsar los proyectos prioritarios sin depender completamente de un calendario dividido en dos grandes períodos. Es una discusión legítima y probablemente necesaria, porque las instituciones también deben evolucionar cuando cambia la realidad política del país.
Pero mientras ese debate llega, mientras exista voluntad política para discutir una eventual reforma y mientras nuestra Constitución siga estableciendo las reglas actuales, hay una realidad que no podemos ignorar. Lo que hay, es lo que hay. Y lo que tenemos, es lo que tenemos. Nos guste o no nos guste, ese es el sistema constitucional bajo el cual funciona Costa Rica. Criticarlo es completamente válido. Proponer cambios también lo es. Lo que no resulta justo es indignarnos creyendo que los diputados simplemente se fueron de vacaciones cuando eso no es lo que está ocurriendo. Están trabajando bajo un régimen distinto de sesiones, con una distribución diferente del control de la agenda, pero siguen siendo responsables de cumplir las funciones para las que fueron electos.
Tal vez la enseñanza más importante de todo esto sea que una democracia funciona mejor cuando sus ciudadanos entienden cómo operan sus instituciones. Es fácil molestarse por algo que parece injusto cuando solo vemos una parte de la historia. En cambio, cuando conocemos el contexto completo, la crítica deja de basarse en percepciones y comienza a construirse sobre información. Y eso siempre fortalece la democracia. Porque un pueblo informado no solo exige más; también comprende mejor qué debe cambiar y cuál es el camino correcto para lograrlo.