Hay noticias que parecen escritas solamente para abogados, magistrados y políticos, pero que en realidad hablan de cosas que nos afectan a todos. Este viernes 21 de agosto, el Semanario UNIVERSIDAD publicó declaraciones del magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya que merecen ser entendidas con calma. Araya advirtió que Costa Rica podría llegar a un verdadero “punto de quiebre” para la democracia si las sentencias judiciales dejan de ser acatadas. No dijo que eso ya haya ocurrido ni anunció que la democracia costarricense haya terminado. Hizo una advertencia sobre una línea que, según su criterio, sería sumamente peligrosa cruzar.
Tratemos de explicarlo de la manera más sencilla posible. Imaginemos un partido de fútbol. Hay dos equipos, cada uno quiere ganar y ambos pueden discutir las decisiones del árbitro. Los aficionados pueden gritar que el árbitro se equivocó. Los jugadores pueden molestarse. Incluso puede haber mecanismos posteriores para revisar determinadas actuaciones. Pero imaginemos que uno de los equipos decide algo diferente: “Como no estoy de acuerdo con el árbitro, simplemente no voy a obedecerlo”. En ese momento ya no estamos discutiendo si una decisión fue buena o mala. Estamos destruyendo las reglas que permiten que el partido exista. En una democracia sucede algo parecido. El presidente gobierna, la Asamblea Legislativa hace las leyes y ejerce sus funciones constitucionales, y los tribunales administran justicia. Ninguno debería ser dueño del otro. Precisamente por eso existen diferentes poderes: para que el enorme poder del Estado no termine concentrado en unas pocas manos. Es normal que haya desacuerdos entre ellos. Incluso puede ser saludable. Lo que resulta peligroso es pasar del desacuerdo al desconocimiento de la autoridad constitucional del otro.
Pongamos un ejemplo todavía más cotidiano. Supongamos que una institución pública viola un derecho suyo. Usted presenta un recurso y un tribunal determina que efectivamente se cometió una injusticia y ordena corregirla. ¿Qué ocurriría si la institución pudiera responder: “No estoy de acuerdo con los jueces, así que no voy a cumplir”? En ese momento su derecho existiría en el papel, pero podría dejar de existir en la práctica. Usted habría ganado el caso y, sin embargo, habría perdido. Y aquí aparece algo fundamental que muchas veces olvidamos: los tribunales no existen únicamente para resolver pleitos entre políticos. Existen también para proteger al ciudadano común frente al poder. La persona que reclama un medicamento, quien exige respuesta de una institución pública, quien considera vulnerado un derecho fundamental o quien busca protección frente a una actuación arbitraria necesita saber que, cuando un tribunal competente dicta una resolución definitiva y obligatoria, esa resolución tiene consecuencias reales.
Esto tampoco significa que los jueces sean intocables o infalibles. Los jueces pueden equivocarse. Los magistrados pueden ser criticados. El Poder Judicial puede y debe ser fiscalizado. Podemos discutir sus decisiones, exigir transparencia, señalar errores y promover reformas mediante los mecanismos que establece nuestro sistema democrático. Una democracia no exige silencio frente a los jueces. Todo lo contrario: permite criticarlos. Pero hay una enorme diferencia entre decir “considero que esta sentencia está equivocada” y decir “como considero que está equivocada, no la cumplo”. La primera frase pertenece a la democracia. La segunda puede poner en peligro el Estado de derecho.
¿Por qué? Porque si aceptamos que cada autoridad decide cuáles sentencias cumple según esté o no de acuerdo con ellas, debemos aceptar el mismo principio para todas las autoridades futuras. Hoy alguien podría celebrar que un gobierno desobedezca una sentencia que no le gusta. Mañana podría llegar al poder una persona completamente contraria a sus ideas y utilizar exactamente el mismo argumento. Las reglas democráticas no pueden depender de quién ocupa temporalmente la silla presidencial ni de quién tiene más seguidores. Esta es quizá la parte más importante de comprender. Defender que las sentencias se respeten no significa defender a una persona, a un magistrado ni necesariamente estar de acuerdo con una resolución determinada. Significa defender un sistema en el que ninguna persona pueda colocarse por encima de las reglas que también obligan a los demás.
El magistrado Araya contextualizó además su advertencia dentro de lo que considera un momento de fuerte tensión política y habló de ataques contra la democracia, violencia verbal, insultos y agresiones que, según él, se han normalizado. También mencionó las recientes manifestaciones ciudadanas en defensa de la democracia y del Poder Judicial como una expresión de preocupación social. Estas son valoraciones del magistrado y deben presentarse como tales, no como hechos indiscutibles. Pero su advertencia sobre el desacato de las sentencias plantea una pregunta que trasciende cualquier simpatía política.
Por eso creo que debemos tener cuidado con algo. Costa Rica no necesita que nos dediquemos a gritar que mañana amaneceremos en una dictadura. El miedo tampoco educa. Necesitamos comprender dónde están las líneas que protegen nuestra democracia para reconocerlas antes de que alguien intente borrarlas. Una democracia rara vez desaparece de un día para otro. Puede deteriorarse poco a poco cuando empezamos a considerar normales cosas que antes nos parecían inadmisibles: desacreditar sistemáticamente a las instituciones, convertir a quienes piensan diferente en enemigos, justificar cualquier actuación porque la realiza “nuestro” bando o aceptar que las reglas solamente deben cumplirse cuando producen el resultado que queremos.
Y por eso la advertencia publicada hoy merece atención. No porque debamos entrar en pánico, no porque tengamos que defender ciegamente a la Sala Constitucional y no porque todos tengamos que pensar igual, sino porque existe una pregunta sencillísima que cualquier ciudadano puede hacerse: si mañana un tribunal protege uno de mis derechos frente al poder, ¿quiero vivir en un país donde esa sentencia tenga que cumplirse o en uno donde el gobernante pueda decidir si la obedece? Para mí, ahí está todo el asunto.
Podemos discutir las sentencias, podemos criticar a los magistrados, podemos reformar las instituciones y podemos protestar contra decisiones que consideremos injustas. Pero mientras vivamos en un Estado de derecho, existe una frontera que debemos cuidar entre todos: una cosa es cuestionar una sentencia y otra muy diferente decidir que la ley ya no obliga a quien tiene poder. Porque cuando el poder puede escoger cuáles reglas obedecer, las reglas dejan de proteger al ciudadano. Y entonces el problema ya no es de la Sala IV. El problema es de todos.