La presidenta Laura Fernández presentó esta semana un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad. Como ocurre siempre con este tipo de anuncios, lo prudente sería esperar a conocer los textos completos antes de adoptar una posición definitiva. Los detalles importan. Una palabra puede cambiar el alcance de una ley y una buena intención puede terminar produciendo consecuencias no previstas.
Sin embargo, a partir de la información que ha trascendido públicamente, considero válido realizar algunas observaciones preliminares sobre cada una de las iniciativas.
La primera propuesta es la denominada Ley Gerson Rosales, que busca establecer una presunción de legítima defensa cuando un oficial de policía haga uso de su arma en determinadas circunstancias. Esta es la única de las seis iniciativas con la que no solo estoy en desacuerdo, sino a la que me opongo rotundamente. Considero que los policías tienen absolutamente derecho a defenderse y que el Estado debe respaldarlos cuando actúan correctamente en cumplimiento de su deber. Pero una cosa es reconocer el derecho a la legítima defensa y otra muy distinta es presumir automáticamente que toda actuación armada de un oficial fue legítima. Esa presunción me parece profundamente peligrosa y, en mi criterio, nunca debería convertirse en ley. Cada caso debe ser analizado individualmente, valorando las circunstancias concretas y las pruebas disponibles. Precisamente porque el uso de la fuerza por parte del Estado es un asunto tan delicado, debe mantenerse siempre sujeto al escrutinio judicial correspondiente.
Más aún, esta propuesta genera una interrogante política interesante. Ya veremos si fue incluida dentro del paquete como una iniciativa destinada a negociarse en la Asamblea Legislativa, permitiendo que algunas propuestas avancen mientras otras se descartan en el proceso. Si ese fuera el caso, estaríamos frente a una dinámica legislativa relativamente normal. Pero si el Poder Ejecutivo considera esta propuesta indispensable y decide defenderla hasta el final, entonces la discusión cambia de naturaleza y estaríamos hablando de un tema mucho más profundo sobre los límites del uso de la fuerza y los controles que deben existir dentro de un Estado democrático.
La segunda iniciativa crea sanciones específicas para quienes pertenezcan a organizaciones criminales. Esta propuesta me genera algunas dudas iniciales porque merece un análisis jurídico cuidadoso. No me parecería correcto castigar a alguien exactamente igual que a quien ejecuta un delito si no participó directamente en él. Sin embargo, también resulta difícil ignorar que quien forma parte de una organización criminal normalmente conoce o debería conocer la naturaleza de las actividades que allí se realizan. La pertenencia a una estructura criminal rara vez es un acto inocente. Por esa razón, aunque considero que habrá que estudiar cuidadosamente el texto, mi posición preliminar es favorable.
La tercera propuesta está relacionada con la reincidencia. Aquí mi posición es clara. Estoy de acuerdo. Una sociedad tiene derecho a protegerse de quienes, una y otra vez, demuestran desprecio por las normas de convivencia. La reincidencia no puede ser vista exactamente igual que el primer delito. Cuando una persona vuelve a delinquir después de haber enfrentado consecuencias previas, el sistema debe responder con mayor firmeza. Mano dura, sí, pero una mano dura justa y dentro del marco del Estado de derecho.
La cuarta iniciativa modifica los beneficios de ejecución de la pena y propone que las personas privadas de libertad trabajen para acceder a determinados beneficios penitenciarios. Además, establece una distribución de los ingresos obtenidos por ese trabajo. Esta propuesta me parece razonable. El trabajo puede ser una herramienta importante de reinserción social, de disciplina y de responsabilidad. También considero justa la distribución planteada, pues contempla recursos para el sistema penitenciario, para las víctimas, para la familia de la persona condenada y para un fondo de ahorro que pueda ayudarle cuando recupere la libertad.
La quinta propuesta endurece las sanciones relacionadas con las pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales. También estoy de acuerdo con esta iniciativa. Costa Rica ha luchado durante décadas por evitar que el narcotráfico se consolide aún más dentro de nuestro territorio. Aumentar las consecuencias para quienes faciliten este tipo de actividades puede convertirse en una herramienta importante de prevención y disuasión. No se trata únicamente de castigar, sino también de enviar un mensaje claro sobre los límites que una sociedad está dispuesta a establecer. En ese sentido, me parece una medida razonable para desestimular este tipo de conductas.
La sexta propuesta crea un registro permanente para delitos contra la vida, permitiendo que esos antecedentes permanezcan visibles durante un periodo prolongado y que nunca desaparezcan completamente de los registros judiciales y policiales. Mi posición también es favorable. Me parece razonable que exista una memoria institucional sobre delitos de semejante gravedad. No lo veo como un castigo adicional, sino como un mecanismo que permite a las instituciones encargadas de administrar justicia contar con información relevante cuando sea necesario. Quien ha cometido un delito contra la vida deja una huella que el sistema debe poder conocer y valorar durante el tiempo que resulte conveniente.
Al hacer este repaso, encuentro algo interesante. De las seis propuestas anunciadas, estoy de acuerdo con cinco y me opongo firmemente a una. Eso no significa que apoye automáticamente los proyectos ni que renuncie a revisarlos cuando se conozcan sus textos completos. Significa simplemente que, con la información disponible hasta este momento, encuentro elementos positivos en la mayoría de las iniciativas presentadas.
Ahora le corresponderá a la Asamblea Legislativa hacer su trabajo. Analizar, debatir, corregir, mejorar y decidir. Porque precisamente para eso existe el proceso legislativo. Las leyes no deberían aprobarse únicamente porque nacen de un gobierno, ni rechazarse únicamente porque nacen de un gobierno. Deberían estudiarse con seriedad y evaluarse por sus méritos.
Y tal vez ahí esté la parte más importante de esta discusión. Durante años hemos escuchado que Costa Rica necesita respuestas más efectivas frente a la inseguridad. Pues bien, ahora existen propuestas concretas sobre la mesa. A partir de este momento, la conversación ya no gira alrededor de discursos o promesas. Gira alrededor de textos, artículos y reformas específicas. Y es justamente ahí donde comienza el verdadero trabajo democrático.