Hasta donde tenemos entendido, Costa Rica sigue siendo un país de paz y tranquilidad. No vivimos en una zona de guerra, no enfrentamos atentados políticos con frecuencia y, en comparación con muchos otros países de la región, todavía conservamos niveles de estabilidad institucional que muchos envidian. Sin embargo, también es cierto que durante los últimos años hemos escuchado una cantidad creciente de advertencias relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia y los riesgos de seguridad que enfrenta el país. Han existido denuncias, preocupaciones y llamados de atención provenientes de distintos sectores. Precisamente por eso, uno supondría que las medidas de protección alrededor de las principales autoridades nacionales se han venido fortaleciendo constantemente.
Por esa razón, lo ocurrido en Crucitas debería preocuparnos mucho más de lo que parece. No estoy hablando de la palabrota que dijo la señora presidenta. No estoy hablando de los memes. No estoy hablando de las discusiones partidarias que inevitablemente surgieron después. Estoy hablando de seguridad. Porque si la presidenta de la República, una parte importante de su gabinete y aproximadamente tres decenas de diputados de la Asamblea Legislativa se desplazan hacia una zona fronteriza particularmente delicada, conocida por sus problemas históricos de minería ilegal, presencia de grupos criminales y condiciones complejas de seguridad, entonces las medidas adoptadas no pueden ser ordinarias. Tienen que ser extraordinarias.
No estamos hablando de una gira cualquiera. Estamos hablando de una actividad en la que coincidieron una cantidad significativa de las máximas autoridades políticas del país. La presidenta. Ministros. Viceministros. Diputados. Funcionarios de alto nivel. Desde una perspectiva de seguridad nacional, la concentración de tantas figuras relevantes en una misma ubicación debería activar protocolos extremadamente rigurosos. Rutas de evacuación claramente definidas. Planes de contingencia. Monitoreo permanente. Supervisión aérea si las circunstancias lo ameritan. Capacidad de respuesta inmediata. Todo aquello que permita reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad.
Y precisamente por eso surgen preguntas incómodas. Si efectivamente ocurrió una situación inesperada que provocó alarma entre las autoridades presentes, ¿qué tan preparadas estaban las condiciones de seguridad? ¿Existían rutas de extracción rápidas? ¿Existían mecanismos de evacuación suficientemente robustos? ¿Se evaluaron adecuadamente todos los riesgos asociados a la actividad? ¿Se desplegaron los recursos que una visita de esta magnitud requería? Porque si la respuesta a alguna de esas preguntas es negativa, entonces no estaríamos hablando de un simple incidente. Estaríamos hablando de una falla seria de planificación.
No estoy afirmando que eso haya ocurrido. No tengo acceso a los informes de seguridad ni a la información que manejaban las autoridades encargadas de proteger la actividad. Pero precisamente porque no la tengo, considero que el país merece explicaciones claras. Cuando ocurre un incidente en una actividad donde se encuentra reunida una parte importante del liderazgo nacional, la ciudadanía tiene derecho a saber qué protocolos existían, cómo funcionaron y qué lecciones se aprendieron después de los hechos.
Porque si todo se hizo correctamente, entonces las autoridades deberían poder explicarlo con tranquilidad y transparencia. Y si hubo errores, entonces esos errores deben reconocerse y corregirse. Lo que no debería ocurrir es que una discusión tan importante quede sepultada bajo el ruido político del momento. La seguridad de la presidenta de la República, de los ministros y de los diputados no es un asunto partidario. Es un asunto de Estado.
Al final, lo verdaderamente importante no es determinar quién ganó la discusión en redes sociales. Lo verdaderamente importante es saber si Costa Rica está preparada para proteger adecuadamente a sus principales autoridades cuando estas realizan actividades en zonas complejas. Porque si algo nos enseñan los acontecimientos inesperados es que los protocolos de seguridad no se evalúan cuando todo sale bien. Se evalúan cuando algo sale mal. Y si este episodio dejó dudas razonables sobre la capacidad de respuesta ante una emergencia, entonces alguien tiene la responsabilidad de responderlas.