He visto la convocatoria a una marcha para el próximo 18 de octubre en la que se pide abiertamente la renuncia de magistrados del Poder Judicial. La imagen habla de libertad, de democracia, de justicia y de un supuesto «renacer democrático nacional». Quienes quieran asistir tienen, por supuesto, derecho a manifestarse, porque la protesta ciudadana también forma parte de una sociedad democrática. Mi pregunta no es por qué marchan. Mi pregunta es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda: ¿qué quieren que ocurra después de la marcha? En algún momento hay que abandonar las consignas y empezar a pensar en las consecuencias. Costa Rica no diseñó tres poderes del Estado para que siempre estuvieran de acuerdo, sino todo lo contrario. Nuestra Constitución establece que el gobierno lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y cuando llegamos específicamente al Poder Judicial, la misma Constitución establece que este es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por ley, y que en el ejercicio de sus funciones está sometido a la Constitución y a la ley. Esa independencia no es un adorno institucional ni una concesión que los otros poderes le hacen al Poder Judicial cuando les resulta cómodo. Es parte de la arquitectura constitucional costarricense.
Por eso quisiera preguntarles, con absoluta seriedad, a quienes convocan y a quienes piensan asistir: ¿cuál es la meta? Supongamos que la marcha resulta multitudinaria. Supongamos que miles de personas llegan a San José. Supongamos incluso que consiguen toda la presión pública que desean. ¿Qué debería ocurrir el lunes siguiente para que ustedes puedan decir «ganamos»? ¿Que renuncien magistrados porque una multitud lo exigió? ¿Que determinadas resoluciones judiciales cambien porque un grupo de ciudadanos salió a la calle? ¿Que el Poder Judicial aprenda que cuando sus decisiones incomodan suficientemente a otro sector político puede enfrentarse a una campaña para remover a quienes las toman? ¿Ese sería el resultado deseado? Ahí es donde empieza mi preocupación. No me preocupa que alguien critique al Poder Judicial. Yo mismo creo que absolutamente todas las instituciones públicas deben ser fiscalizadas, cuestionadas y obligadas a rendir cuentas. Tampoco creo que un magistrado, por el simple hecho de ser magistrado, deba estar protegido de la crítica ciudadana, pues sería absurdo. Si existen actuaciones concretas que alguien considera incorrectas, que las señale. Si existen responsabilidades legales, que se investiguen por los mecanismos correspondientes. Si hay decisiones cuestionables, discutámoslas. Pero una cosa es cuestionar actuaciones concretas dentro del sistema y otra muy distinta es convertir al propio Poder Judicial en el adversario que debe ser doblegado.
Además, esto no ocurre en un vacío. Costa Rica viene atravesando tensiones públicas entre sus poderes. Apenas en agosto hubo incluso una manifestación convocada desde otros sectores precisamente en defensa de la independencia judicial y de la división de poderes, en medio de conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso demuestra algo que quizá deberíamos aceptar antes de que sea demasiado tarde: estamos comenzando a trasladar a las calles una confrontación institucional que debería obligarnos a ser muchísimo más cuidadosos, no menos.
Quiero detenerme particularmente en una palabra que aparece en esta convocatoria: libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad frente a quién? La libertad democrática también necesita jueces capaces de tomar decisiones que no le gusten al Gobierno, a la oposición, a los empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación o a una multitud reunida en una plaza. Precisamente para eso existe la independencia judicial, y un tribunal que solamente puede actuar mientras sus decisiones sean populares no es verdaderamente independiente. Lo mismo ocurre con la palabra democracia. Democracia no significa que quien reúne más gente un domingo puede sustituir los mecanismos constitucionales el lunes, ni que una mayoría circunstancial tenga derecho a eliminar los contrapesos que le incomodan. La participación ciudadana es parte del sistema democrático costarricense, pero precisamente dentro de un orden institucional en el que existen poderes diferenciados e independientes.
Entonces vuelvo a mi pregunta, porque todavía no logro encontrar una respuesta satisfactoria: ¿qué están tratando de construir? Si quieren un Poder Judicial mejor, expliquen qué reformas proponen. Si consideran que determinados magistrados actuaron incorrectamente, expliquen cuáles actuaciones concretas cuestionan y cuáles procedimientos institucionales deberían aplicarse. Si quieren más transparencia, pidámosla. Si quieren rendición de cuentas, exijámosla. Si quieren discutir cómo se eligen los magistrados, discutamos el procedimiento. Todo eso cabe perfectamente dentro de una democracia. Pero si el objetivo es simplemente que un Poder de la República ceda frente a la presión política o popular porque sus decisiones molestan a quienes hoy tienen determinada posición, entonces tenemos un problema mucho mayor que cualquier magistrado.
Y quizá esta sea la pregunta que cada persona debería hacerse antes de ponerse la camiseta blanca y caminar hacia la Plaza de la Democracia: si conseguimos exactamente aquello por lo que estamos marchando, ¿cómo quedará Costa Rica al día siguiente? Porque salir a caminar es fácil. Levantar una pancarta es fácil. Gritar una consigna también. Lo difícil es pensar qué país estamos construyendo con ella, y antes de intentar doblar uno de los poderes del Estado, quizá deberíamos tener muy claro qué pretendemos poner en su lugar.